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La Comisión proyecta modernizar el Derecho de sociedades y el gobierno corporativo en Europa

La Comisión Europea ha adoptado hoy un plan de acción que resume las futuras iniciativas en los ámbitos del Derecho de sociedades y el gobierno corporativo.


El Derecho de sociedades y el gobierno corporativo en Europa deben asegurarse de que las empresas sean competitivas y sostenibles. Los análisis y las consultas efectuados por la Comisión durante los dos últimos años indican claramente que se pueden introducir nuevas mejoras, fomentando y facilitando la participación de los accionistas a largo plazo, aumentando el nivel de transparencia entre las empresas y sus accionistas y simplificando las operaciones transfronterizas de las empresas europeas.


Partiendo de su reflexión y de los resultados de las consultas, la Comisión ha determinado varias líneas de acción en el ámbito del Derecho de sociedades y el gobierno corporativo que son fundamentales para establecer una legislación moderna para unas empresas sostenibles y competitivas.
Michel Barnier, comisario de Mercado Interior y Servicios, ha declarado, por su parte, lo siguiente: «Este plan de acción sobre el gobierno corporativo y el Derecho de sociedades indica el camino a seguir: los accionistas deben recibir derechos adicionales, pero también asumir plenamente sus responsabilidades para garantizar que la empresa siga siendo competitiva a largo plazo. Las empresas también deberían ser más transparente en varios aspectos. Esto contribuirá a un gobierno corporativo eficaz.».


Elementos fundamentales del plan de acción

  1. Aumentar el nivel de transparencia entre las empresas y sus accionistas a fin de mejorar el gobierno corporativo, lo que incluye, sobre todo, lo siguiente:
  2. aumentar la transparencia de las empresas en lo que respecta a la diversidad de su consejo de administración y las políticas de gestión de riesgos; 
  3. mejorar la información sobre el gobierno corporativo; 
  4. mejor identificación de los accionistas por los emisores; 
  5. reforzar las normas de transparencia de los inversores institucionales sobre sus políticas de voto y compromiso.

Iniciativas encaminadas a fomentar y facilitar el compromiso de los accionistas a largo plazo, tales como:

  1. mayor transparencia sobre las políticas de remuneración y la remuneración individual de los administradores, así como derecho de voto de los accionistas sobre la política de remuneración y el informe de remuneración; 
  2. mejor supervisión por los accionistas de las transacciones con partes vinculadas, es decir, relaciones entre la empresa y sus directivos o accionistas de control; 
  3. creación de las normas operativa adecuadas sobre los asesores de voto (es decir, las empresas que prestan servicios a los accionistas, sobre todo el asesoramiento de voto), especialmente en lo que se refiere a la transparencia y los conflictos de intereses;
  4. aclaración de la noción de «actuación de concierto» para facilitar la cooperación de los accionistas en los asuntos de gobierno corporativo; 
  5. investigar si se puede alentar el accionariado de los trabajadores. 
  6. Iniciativas en el ámbito del Derecho de sociedades para apoyar a las empresas europeas y estimular su crecimiento y competitividad:
  7. más investigación sobre una posible iniciativa sobre la transferencia transfronteriza de las sedes de las empresas; 
  8. facilitar las fusiones transfronterizas; 
  9. normas claras de la UE sobre las escisiones transfronterizas; 
  10. seguimiento de la propuesta de estatuto de la empresa privada europea (IP/08/1003), con vistas a aumentar las oportunidades transfronterizas de las PYME; 
  11. una campaña de información sobre el estatuto de la empresa europea y de la sociedad cooperativa europea; 
  12. medidas específicas sobre grupos de empresas, es decir, reconocimiento del concepto de interés del grupo y mayor transparencia en lo relativo a la estructura del grupo. 
    Además, el plan de acción prevé la fusión de todas las grandes directivas sobre el Derecho de sociedades en un único instrumento, lo que hará más accesible y comprensible el Derecho de sociedades de la UE y reducirá el riesgo de futuros incoherencias.


Antecedentes


La estrategia «Europa 2020» de la Comisión (véase IP/10/225) reclama una mejora del entorno empresarial en Europa. El Derecho de sociedades y las normas de gobierno corporativo de la UE para las empresas, los inversores y los empleados deben adaptarse a las necesidades de la sociedad actual y al cambiante entorno económico. El Derecho de sociedades y el gobierno corporativo europeos deben garantizar la competitividad y la sostenibilidad de las empresas.
Mediante su Libro Verde de 2011 sobre el gobierno corporativo en la UE (IP/11/404), la Comisión inició una reflexión en profundidad para evaluar la eficacia de la normativa actual sobre el gobierno corporativo de las empresas europeas. También llevó a cabo una consulta pública en línea sobre el futuro del Derecho de sociedades europeo, que generó un gran número de respuestas de partes interesadas muy variadas (IP/12/149).
Véase también MEMO/12/972
Información sobre el Derecho de sociedades y el gobierno corporativo:
http://ec.europa.eu/internal_market/company/index_en.htm

Aemec espera que Rodríguez recupere la credibilidad de la CNMV

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios (Aemec) ha confiando en que el nombramiento de Elvira Rodríguez al frente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recupere la credibilidad del organismo y que la futura presidenta sea "sensible" a los minoritarios.

"Esperemos que dé luz a la delicada situación que deja Julio Segura", indicó a Europa Press un portavoz de la asociación, en relación a los problemas por la comercialización de participaciones preferentes y la salida a Bolsa de Bankia.

El Gobierno propondrá a la diputada del PP y presidenta de la Comisión de Economía, Elvira Rodríguez, para suceder a Julio Segura al frente del organismo.

Publicado en Europapress.

La restructuración del Frob abre una vía a los minoritarios de Bankia para reclamar contra el Banco de España

Más de 500 accionistas presentarán una reclamación patrimonial contra el Banco de España por su responsabilidad en la información facilitada para la emisión bursátil de Bankia.

Las situaciones en que se encuentran quienes en su día suscribieron el tramo minorista de Bankia son, esencialmente, dos. En primer lugar, la de aquellos que vendieron sus acciones en el momento del colapso de la Entidad, en febrero de 2012. Estos accionistas han materializado ya una pérdida patrimonial, por lo que presentarán en los próximos días su reclamación.

En segundo lugar, está el caso de quienes aún son accionistas pero se enfrentan a la restructuración comandada por el Frob. La primera medida adoptada por el Frob, y recientemente aprobada por las instancias europeas competentes, ha sido una inyección de 4.500 millones de euros de capital social en BFA-Bankia, con el fin de adecuar la Entidad a los requerimientos especiales de recursos propios a efectos de solvencia. El Frob ha anunciado una segunda ampliación para asegurar la viabilidad de Bankia en el largo plazo, cuyo importe se fijará en función de las valoraciones que se obtengan de las auditorías en curso.

Estas ampliaciones de capital que el Frob va a llevar a cabo supondrán la dilución irremediable del valor de sus acciones y de su proporción de participación en el capital social de la Compañía. Cuando se materialicen ese daño a los accionistas estarán en condiciones de presentar su reclamación de responsabilidad patrimonial.

En total, entre accionistas en una situación y otra, son más de 500 los minoritarios representados por el Despacho Cremades & Calvo-Sotelo hasta ahora, y se prevé que se sumen más afectados a esta nueva vía procesal. Fuentes del Despacho explican que, si bien es cierto que, según el principio de asunción de riesgos, los accionistas son quienes aceptan un riesgo mayor y, por tanto, son los últimos en la prelación del pasivo de una compañía, este principio no puede aplicarse al caso de Bankia, ya que la emisión de acciones para su colocación en Bolsa fue precedida de una supervisión errónea por parte del Banco de España.

El Banco de España dio su visto bueno a una operación y, por tanto, permitió que quienes suscribieron la ampliación tomaran sus decisiones sobre la base de una información totalmente distorsionada de la situación patrimonial, financiera y operativa de la Entidad. Justamente por esto, los Abogados de Cremades & Calvo Sotelo sostienen que nadie puede exigir a los accionistas minoritarios de Bankia que pechen con unas pérdidas que constituyen la materialización de un riesgo desconocido en su día y, en suma, ocultado por la actuación supervisora negligente del Banco de España.

Los minoritarios critican la "inoportunidad y la "falta de prudencia" del comunicado del frob sobre Bankia

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) expresó este viernes su rechazo, por su "inoportunidad" y su "falta de prudencia", al comunicado emitido por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) para advertir de que los accionistas de BANKIA (BKIA.MC)y Banco de Valencia tendrán que participar en la devolución del rescate europeo.

En declaraciones a Servimedia, Paola Rivero, abogada de Aemec, lamentó que el comunicado haya llegado cuando la acción de Bankia se estaba recuperando, provocando que esté de nuevo en pérdidas.

Además, consideró que no se entiende dicho anuncio cuando todavía no se sabe en qué sentido los accionistas van a correr con el coste del rescate, por lo que defendió que el Frob debería haber esperado a que las condiciones que actualmente se negocian con Bruselas estuvieran cerradas.

Asimismo, indicó que el memorándum de entendimiento con la UE para el rescate financiero ya recoge la posibilidad de la participación de los accionistas y los poseedores de preferentes en la devolución del crédito.

Para Aemec, que ha emprendido acciones legales contra los gestores de Bankia en la Audiencia Nacional, es preocupante que estas personas puedan tener que asumir parte del rescate cuando la mayoría de ellos, que adquirieron sus títulos a 3,75 euros, no asumieron este riesgo con pleno conocimiento de lo que estaba pasando.

A este respecto, Rivero denunció que ni el folleto de emisión se ajustaba al balance real de la sociedad ni la información financiera publicada era veraz.

Publicado en Servimedia.

Bankia: chuches envenenadas

El anuncio de interposición de una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Banco de España por parte un numeroso grupo de ex–accionistas de Bankia, que vendieron con ocasión del colapso de la Entidad, resulta una consecuencia jurídica lógica de su ya judicializado proceso de salida a Bolsa y supone un nuevo frente, esta vez en el orden administrativo, en la atribución de responsabilidades por el caso Bankia. Coincide el anuncio de los accionistas con las recientes comparecencias parlamentarias, tanto del anterior y del actual Gobernador como de los principales responsables de las Entidades afectadas por las reestructuraciones, sobre todo de Rodrigo Rato. Una cosa y otra ponen en el centro del debate público el papel de nuestro regulador bancario en un momento en el que la fiabilidad de todo el sistema financiero español aparece seriamente cuestionada, no ya por los mercados, sino por el común de la ciudadanía.

Si construimos un castillo sin cloaca, todo el castillo se convertirá en cloaca; el resultado será el mismo si la cloaca se atasca. Ya disculparán un vocabulario como éste, pero las sutilezas jurídicas que voy a emplear a continuación requieren una explicación más llana que las haga inteligibles. Pese a su estatuto legal de regulador independiente, el Banco de España es un jugador, un agente, si bien peculiar, del sistema bancario. Hay información suficiente para pensar que el Banco de España no sólo cometió errores de supervisión, sino que trazó una estrategia general de saneamiento de las Entidades financieras equivocada lo cual, como es obvio, se suele comprobar después, y eso es exactamente lo que vemos ahora, embarcados como estamos en un rescate bancario como la copa de un pino. ¿Recuerdan? Fusiones frías, bancos malillos, test de estrés sobradamente superados, y tal. Es imposible que una operación de conjunto como ésta se haya llevado a cabo de manera concertada por las Entidades financieras, no ya sin el conocimiento o sin el consentimiento del Banco de España, sino sin la directa y detallada definición del curso de acción por su parte, además de con el oportuno respaldo legislativo; de hecho, se modificaron de una tacada más de una docena de leyes para dar cobertura a semejante faena de aliño. Y lo mismo se puede decir del FROB que, por si no lo saben, está bajo la supervisión del Banco de España.

La conversión de las Cajas en Bancos y las operaciones de concentración en esta camada del redil financiero han demostrado ser una de las torpezas más claras y más caras de la historia de nuestro regulador bancario. Zombis que se unen a otros zombis para formar zombis gigantes y que, para colmo del esperpento, salen a Bolsa. El caso de Bankia es absolutamente clamoroso. Podemos aceptar que la valoración que sirvió de soporte a su cotización de salida se alejara algo de su valor real y razonable, pues ya se sabe que la auditoría no es una ciencia exacta; pero que, en tan sólo ocho meses, se descubra que el Banco de España le hizo la ola mejicana a la colocación bursátil de una Entidad financiera en quiebra constituye, cuando menos, una hecho insólito, que ha causado un daño patrimonial (distinto del propio de un mercado bursátil a la baja) a más de 350.000 inversores. Los efectos de poner en el mercado bursátil las acciones de un Banco que, en realidad, eran chuches envenenadas, son demoledores para la confianza en las instituciones. Si algún sentido tiene, en términos regulatorios, la actuación del supervisor para la salida a Bolsa de una Entidad financiera es, justamente, nivelar las asimetrías informativas entre el vendedor y los potenciales compradores, ya que aquél conoce más y mejor que éstos lo que se va a vender. Con Bankia, el Banco de España ha cometido un auténtico estropicio; no estamos ante simples efectos colaterales, ante la inevitable cascadura de huevos para una tortilla. No en un Estado de Derecho.

Si ya resulta difícil explicar a la gente el rescate de Bancos con dinero público, el argumento de los huevos y de la tortilla convierte semejante tarea en un imposible. Tal vez se argumente que la aplicación de dinero público para esos fines resulta eficiente ya que, al evitar la caída de Entidades financieras, se contiene un torbellino de pánico que se llevaría por delante toda la economía del país. Hasta aquí vale, pero el dinero público que se emplee para los rescates saldrá de los impuestos que los españoles pagamos con arreglo a los principios constitucionales de capacidad contributiva y de igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas. Y, a partir de aquí, el razonamiento deja de tener validez, porque a los accionistas de Bankia se les ha endiñado un impuesto nuevo, bajo la forma de compra de unas acciones tóxicas con lacito y etiqueta del Banco de España. ¿Cómo se reacciona en Derecho frente a semejante tropelía? El mecanismo es tan viejo como este arte de lo bueno y de lo justo: la responsabilidad patrimonial. A mi juicio, concurren ahora todos los presupuestos legales de tal responsabilidad: efectividad de un daño evaluable económicamente, ruptura de la solidaridad impositiva, antijuridicidad y relación de causalidad con la misión supervisora del Banco de España. Esto es lo que ha pasado cuando los accionistas de Bankia decidieron vender para no incurrir en más pérdidas y algo análogo sucederá cuando se lleve a cabo la inminente operación de reestructuración de la Entidad.

Estoy convencido de los buenos fundamentos de la reclamación de responsabilidad contra el Banco de España y de la posibilidad de alcanzar una indemnización por parte de aquellos que acudieron a la salida a Bolsa, y resultaron perjudicados al vender sus acciones tras la nacionalización de Bankia. Junto con el correcto funcionamiento de este resorte jurídico fundamental, aparece una cuestión esencial y en la que debo insistir: la necesidad de que el Banco de España, como agente del sistema financiero, incorpore un elemento esencial para la toma de decisiones correctas: el coste de oportunidad. Si consentimos que nuestro regulador bancario tenga una cierta sensación de impunidad en relación con los daños provocados por sus actuaciones, conviene saber que alimentamos una criatura irresponsable y, si esto es así, el último en salir de este país que apague la luz y cierre la puerta. Antes de resignarnos a eso, planteo la posibilidad de que, al menos por una primera vez, se exija responsabilidad a nuestro regulador bancario. Esto sí que redundaría en beneficio de todos, no sólo de los sufridos accionistas de Bankia.

Alberto Ruiz Ojeda

Profesor Titular de Derecho Administrativo

Socio de Cremades & Calvo-Sotelo, Abogados

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