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    Como parte de Better Finance, Euroshareholders representa los intereses de los accionistas individuales en la Unión Europea.

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Las grietas de la democracia capitalista

La junta de accionistas es el máximo evento anual para el gobierno de una compañía. Ahí es donde el consejo de administración somete los resultados obtenidos al examen de los verdaderos dueños de la empresa. Usando parámetros políticos, esta cita equivaldría desde la óptica capitalista a la celebración de elecciones generales. Ya saben, eso tan manido de la "fiesta de la democracia". Sin embargo, la teoría a veces dista de la práctica. Todavía existen numerosos "obstáculos" a la "participación de los accionistas" en las juntas, tal y como denuncia en un extenso estudio la Federación Europea de Usuarios de Servicios Financieros (EuroFinuse).


Una de esas trabas es la dificultad para ejercer la votación transfronteriza. No se trata de algo baladí. La propiedad de los grupos cotizados se ha expandido, rebasando las fronteras nacionales. En España, por ejemplo, los inversores extranjeros son los principales propietarios de las compañías con casi el 40% del valor total de las empresas en su poder. La mayor implicación de los accionistas, en particular los inversores institucionales, en el gobierno de las sociedades cotizadas a través de su participación en las juntas es uno de los aspectos sobre el que están incidiendo organismos como la OCDE y la Comisión Europea desde el inicio de la crisis financiera.


"A pesar de la adopción en 2007 de la directiva europea sobre derechos de los accionistas todavía quedan muchos obstáculos y barreras para la votación transfronteriza de los inversores. Costes, aspectos logísticos o diferentes requisitos y normas nacionales hacen especialmente difícil para los accionistas particulares ejercer sus responsabilidades como propietarios", argumentan en EuroFinuse. Esta organización, cuyo miembro fundador es Euroshareholders -donde está incluida Aemec, la asociación española de accionistas minoritarios- encuentra las siguientes barreras a la votación transfronteriza.


- Laboriosa distribución de documentación. La recepción de información y documentos necesarios con la suficiente antelación para poder decidir el sentido del voto en la junta es todavía un proceso "lento y laborioso".


- Una cadena compleja en la custodia de acciones. La distribución de información a través de una complicada cadena de custodia (secuencia de bancos que se interponen entre la empresa y el propietario) es una de las mayores trabas para el voto transfronterizo. "Es necesario que la UE obligue a las entidades depositarias que poseen acciones en cuentas nominativas a pasar información a los accionistas sobre la fecha de la junta y la agenda". El tiempo que transcurre entre la convocatoria de la junta y la recepción de la información para participar suele ser demasiado limitado para los accionistas no residentes.


- Tarifas. Las entidades que custodian las acciones suelen pedir comisiones a aquellos accionistas extranjeros que piden la acreditación para poder participar en la junta. Estas tarifas se cargan independientemente del número de acciones que se posean, lo que perjudica sobre todo a los pequeños accionistas. Con los propietarios locales, las compañías suelen correr con esos gastos.


- Aumento en los requisitos de documentación. A los accionistas se les pide más información para recibir la acreditación para la junta en el extranjero que en una asamblea corporativa local. "A veces, esa información se procesa mal, o se pierde en algún lugar de la cadena de intermediarios".


- Bloqueo de acciones. En algunos países como Dinamarca se exige el bloqueo de las acciones con las que se va a votar en la junta. Esto quiere decir que durante el periodo entre que se convoca la junta y esta se celebra, el propietario de los títulos no puede operar con ellos.


- Exigencia de registro temporal. En algunos mercados como el sueco y el finlandés, para poder votar en la junta, el accionista debe revelar su propiedad y pedir al depositario que asegure que las acciones se han vuelto a registrar a su nombre solo para la asamblea.


- Fechas límite y puntualidad en la información. Los accionistas extranjeros necesitan informar a su depositario con antelación sobre la intención de asistir y votar en la junta, sin poder contar con toda la información proporcionada por la empresa en la invitación donde solo se indica la fecha de registro.


- Quórum. En algunos países como España e Italia hay requisitos de quórum. El aplazamiento de una junta por un nivel insuficiente de asistencia puede dificultar que los pequeños accionistas extranjeros estén en la asamblea.


- Exhaustividad en los documentos. Para permitir que los accionistas hagan un uso equilibrado de su derecho de voto es importante que entiendan las propuestas incluidas en la agenda. Hay que describir la información del orden del día de tal modo que los accionistas no residentes se familiaricen con los usos locales y puedan entender el contexto. "Eso también se refiere a la disponibilidad de la documentación en inglés, lo cual no siempre sucede. Es España este servicio es muy raro".


- Requisitos mínimos de participación. Las empresas españolas pueden incluir en sus estatutos un límite mínimo de acciones para poder participar en la junta de accionistas. "Sin embargo, entre las compañías del Euro Stoxx 50 observamos solo ese requerimiento en el caso de un emisor español [BBVA]".


- Idioma. Otro obstáculo para los accionistas particulares es que raramente en las grandes empresas europeas las juntas se traducen al inglés.


- Derecho para formular preguntas. En todos los países europeos, los accionistas tienen derecho a formular preguntas en las juntas generales. Sin embargo, la implementación de este derecho difiere significativamente entre los Estados. En Alemania, por ejemplo, los accionistas tienen derecho a formular tantas preguntas como deseen y sin restricciones, mientras que en Francia es una práctica común que no puedan hacer más de dos o tres preguntas. "En España las preguntas normalmente solo se aceptan si se presentan de antemano por escrito al emisor o notario en la junta". -

Fuente: David Fernández.   El País.

Los accionistas reclamarán al Banco de España por la colocación de Bankia

Los abogados del bufete Cremades & Calvo-Sotelo preparan en la actualidad, y por primera vez en la historía, una reclamación administrativa, a la que podría seguir una demanda ante los tribunales de justicia, para reclamar la responsabilidad patrimonial del Banco de España por su falta de control en la salida a bolsa de bankia.

La reclamación de responsabilidad de la Administración del Estado se realizará, seguramente, antes de Semana Santa, en nombre de más de 500 clientes del despacho, accionistas de la entidad crediticia.

Los abogados basan las exigencias de sus clientes en que el Banco de España, con Miguel Ángel Fernández Ordoñez de gobernador, debía haber controlado la situación económica, ya que la valoración con la que salió al mercado no representaba el valor real de la sociedad.

Falsedades y errores

Consideran que la salida a bolsa estuvo plagada de falsedades, que en la actualidad se están comprobando en el procedimiento penal que actualmente se lleva a cabo en el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, del que es titular el juez Ruz.

Por ello, la reclamación de los accionistas de Bankia se ampliará al ámbito Civil con una demanda en la que se exige la responsabilidad del folleto de la salida a bolsa, al considerar que está plagado de errores.

La Constitución Española dice que "los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos".

La legislación administrativa atribuye responsabilidad a las Administraciones por las lesiones que sufran los usuarios en bienes o derechos, siempre que el daño haya sido provocado por el funcionamiento de los servicios públicos y reconoce un derecho a ser indemnizados.

Con estas actuaciones, abogados y accionistas pretenden cambiar la actitud de Bankia, cuyo presidente, José Ignacio Goirigolzarri, muestra su preocupación por salvar a los impositores de la entidad, pero que en ningún momento se ha mostrado partidario de emprender actuaciones para evitar las perdidas sufridas por los accionistas en una operación, en la que consideran que desde todos los estamentos se presentaron y aceptaron datos falsos como verdaderos.

El equipo de abogados, compuesto por socios del bufete Cremades Calvo-Sotelo, está encabezado por el ex fiscal general del Estado, Juan Ortiz Úrculo; y cuenta con el catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela, Ángel Fernández-Albor, y el profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga, Alberto Ruiz Ojeda. Lo completan el procesalista, José Luis González Montes, y el mercantilista Ignacio Aragón.

Fuente: El Economista.

Los accionistas minoritarios de Bankia pedirán al Estado que "responda" ante las pérdidas

La Asociación de Accionistas Minoritarios de Bankia ultiman dos demandas colectivas ante la pérdida del valor de los títulos de Bankia, una de ellas por la vía contencioso-administrativa por la que pedirán al Estado que "responda" ante la aprobación de la salida a Bolsa de la entidad por parte del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Cremades y Calvo Sotelo, el despacho de abogados de Aemec, ya tiene redactada la demanda colectiva en este sentido, que primero se articulará por la vía de administración para solicitar al Banco de España que se haga cargo de las pérdidas. Fuentes de este despacho de abogados han explicado a Europa Press que esta vía será desestimada y que por lo tanto será el paso previo para emprender la vía contencioso-adminsitrativa.

La otra demanda colectiva ya se ha iniciado contra la propia entidad ante el folleto de emisión que respaldaba la salida a Bolsa de Bankia. "Al final pagarán el pato del saneamiento de la entidad los accionistas", han lamentado las fuentes.

Las demandas que prepara Aemec cuentan con el respaldo de unos 1.000 accionistas. En total, unos 350.000 minoritarios poseen títulos del banco nacionalizado.

AEMEC ve "insuficiente" el pacto PP-PSOE sobre preferentes, pero lo considera "positivo"

El secretario general de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), Javier Cremades, ha asegurado este miércoles que el acuerdo entre el PP y el PSOE sobre los arbitrajes en los casos de mala praxis en la comercialización de las preferentes es "insuficiente", pero considera que es "positivo" ya que ha hecho que los dos partidos se pongan de acuerdo.

En una entrevista a la Cadena Cope, recogida por Europa Press, Cremades ha señalado que, a su juicio, el acuerdo no es suficiente, ya que se atenderán "casos extremos" que afectan a personas "que no sabían leer o no tenían ningún conocimiento de la inversión".

"Es un porcentaje pequeño de personas que fueron atrapadas en este problema, pero hay decenas de miles de personas en España que sabían leer y escribir, que tenían una cultura elevada, pero que no conocían realmente la inversión a la que fueron conducidos y que también necesitan un resarcimiento completo porque en muchos casos fue un engaño", ha precisado.

Cremades ha apuntado que hay bancos que están atendiendo a los afectados y les están devolviendo el dinero. Además, ha recordado que otra de las soluciones a la que pueden acudir estas personas es a la Justicia porque, según ha dicho, "aun quedan jueces en España que están con un procedimiento que no es rápido y que está siendo muy certero".

"A pesar de lo que diga la letra pequeña, a la gente se la confundió, se les invitó a una inversión que era segura, rentable y buena, basada en la confianza. Muchas personas invirtieron parte de sus ahorros", ha recordado.

Tras subrayar que "no es una exageración pensar que ha sido un gran error del sistema financiero", ha insistido en que hay que diferenciar entre aquellas personas que se han visto afectadas por las preferentes de las cajas que ahora son bancos nacionalizados y las que vendieron los bancos "de forma más seria".

La Comisión proyecta modernizar el Derecho de sociedades y el gobierno corporativo en Europa

La Comisión Europea ha adoptado hoy un plan de acción que resume las futuras iniciativas en los ámbitos del Derecho de sociedades y el gobierno corporativo.


El Derecho de sociedades y el gobierno corporativo en Europa deben asegurarse de que las empresas sean competitivas y sostenibles. Los análisis y las consultas efectuados por la Comisión durante los dos últimos años indican claramente que se pueden introducir nuevas mejoras, fomentando y facilitando la participación de los accionistas a largo plazo, aumentando el nivel de transparencia entre las empresas y sus accionistas y simplificando las operaciones transfronterizas de las empresas europeas.


Partiendo de su reflexión y de los resultados de las consultas, la Comisión ha determinado varias líneas de acción en el ámbito del Derecho de sociedades y el gobierno corporativo que son fundamentales para establecer una legislación moderna para unas empresas sostenibles y competitivas.
Michel Barnier, comisario de Mercado Interior y Servicios, ha declarado, por su parte, lo siguiente: «Este plan de acción sobre el gobierno corporativo y el Derecho de sociedades indica el camino a seguir: los accionistas deben recibir derechos adicionales, pero también asumir plenamente sus responsabilidades para garantizar que la empresa siga siendo competitiva a largo plazo. Las empresas también deberían ser más transparente en varios aspectos. Esto contribuirá a un gobierno corporativo eficaz.».


Elementos fundamentales del plan de acción

  1. Aumentar el nivel de transparencia entre las empresas y sus accionistas a fin de mejorar el gobierno corporativo, lo que incluye, sobre todo, lo siguiente:
  2. aumentar la transparencia de las empresas en lo que respecta a la diversidad de su consejo de administración y las políticas de gestión de riesgos; 
  3. mejorar la información sobre el gobierno corporativo; 
  4. mejor identificación de los accionistas por los emisores; 
  5. reforzar las normas de transparencia de los inversores institucionales sobre sus políticas de voto y compromiso.

Iniciativas encaminadas a fomentar y facilitar el compromiso de los accionistas a largo plazo, tales como:

  1. mayor transparencia sobre las políticas de remuneración y la remuneración individual de los administradores, así como derecho de voto de los accionistas sobre la política de remuneración y el informe de remuneración; 
  2. mejor supervisión por los accionistas de las transacciones con partes vinculadas, es decir, relaciones entre la empresa y sus directivos o accionistas de control; 
  3. creación de las normas operativa adecuadas sobre los asesores de voto (es decir, las empresas que prestan servicios a los accionistas, sobre todo el asesoramiento de voto), especialmente en lo que se refiere a la transparencia y los conflictos de intereses;
  4. aclaración de la noción de «actuación de concierto» para facilitar la cooperación de los accionistas en los asuntos de gobierno corporativo; 
  5. investigar si se puede alentar el accionariado de los trabajadores. 
  6. Iniciativas en el ámbito del Derecho de sociedades para apoyar a las empresas europeas y estimular su crecimiento y competitividad:
  7. más investigación sobre una posible iniciativa sobre la transferencia transfronteriza de las sedes de las empresas; 
  8. facilitar las fusiones transfronterizas; 
  9. normas claras de la UE sobre las escisiones transfronterizas; 
  10. seguimiento de la propuesta de estatuto de la empresa privada europea (IP/08/1003), con vistas a aumentar las oportunidades transfronterizas de las PYME; 
  11. una campaña de información sobre el estatuto de la empresa europea y de la sociedad cooperativa europea; 
  12. medidas específicas sobre grupos de empresas, es decir, reconocimiento del concepto de interés del grupo y mayor transparencia en lo relativo a la estructura del grupo. 
    Además, el plan de acción prevé la fusión de todas las grandes directivas sobre el Derecho de sociedades en un único instrumento, lo que hará más accesible y comprensible el Derecho de sociedades de la UE y reducirá el riesgo de futuros incoherencias.


Antecedentes


La estrategia «Europa 2020» de la Comisión (véase IP/10/225) reclama una mejora del entorno empresarial en Europa. El Derecho de sociedades y las normas de gobierno corporativo de la UE para las empresas, los inversores y los empleados deben adaptarse a las necesidades de la sociedad actual y al cambiante entorno económico. El Derecho de sociedades y el gobierno corporativo europeos deben garantizar la competitividad y la sostenibilidad de las empresas.
Mediante su Libro Verde de 2011 sobre el gobierno corporativo en la UE (IP/11/404), la Comisión inició una reflexión en profundidad para evaluar la eficacia de la normativa actual sobre el gobierno corporativo de las empresas europeas. También llevó a cabo una consulta pública en línea sobre el futuro del Derecho de sociedades europeo, que generó un gran número de respuestas de partes interesadas muy variadas (IP/12/149).
Véase también MEMO/12/972
Información sobre el Derecho de sociedades y el gobierno corporativo:
http://ec.europa.eu/internal_market/company/index_en.htm

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