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El Supremo confirma la absolución de Rodrigo Rato y otros directivos de Bankia por la salida a Bolsa

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de 2020 que absolvió a 34 directivos de Bankia, que habían sido procesados por la salida a Bolsa de Bankia.

El alto tribunal ha desestimado los recursos de casación que interpusieron dos entidades que habían ejercido la acusación en ese proceso judicial, como accionistas de Bankia: la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), y la empresa Bochner España.

La sentencia de la Audiencia Nacional absolvió en 2020 a Rodrigo Rato, Ángel Acebes, José Luis Olivas, Francisco Verdú, José Manuel Fernández Norniella y a otros directivos de la entidad resultante de la fusión de Caja Madrid con otras cajas de ahorros.

Rato afrontaba una petición de cárcel de ocho años y medio. Se les acusaba de delitos de estafa y falsedad contable.

La Audiencia Nacional consideró que la operación de salida a bolsa de la entidad contó con el visto bueno de los organismos supervisores: el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria...

También concluyó que el folleto de la oferta de salida a Bolsa contenía información financiera y no financiera “amplia y certera” sobre la situación del banco.

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas recurrió la sentencia ante el Supremo, argumentando que se basaba en un relato “erróneo” y con falta de motivación.

Ahora, la sección tercera de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado ambos recursos de casación, por lo que ha confirmado la absolución de Rato y de otros directivos de Bankia que estaban acusados por la salida a Bolsa de la entidad financiera.

Comunicado de AEMEC en relación con el denominado Dividendo de Involucración que será sometido a la aprobación de la próxima Junta General de Iberdrola

En la próxima Junta General, a celebrar el próximo viernes día 17 (en segunda convocatoria), Iberdrola introduce como punto del orden del día, una modificación de los Estatutos Sociales para incluir el denominado dividendo de involucración.

En particular el artículo 16 de los estatutos establecerá que “El Consejo de Administración adoptará las medidas oportunas para promover la máxima participación de los accionistas en la Junta General de Accionistas, incluyendo, en su caso, el abono de incentivos económicos a la participación (tales como primas de asistencia o el abono de un dividendo de involucración condicionado a la obtención de un determinado quórum de constitución mínimo en la Junta General de Accionistas) con arreglo a una política predefinida y pública.”

Es la primera vez que una empresa del Ibex contempla un mecanismo de tal naturaleza, destinado a fomentar la involucración de los accionistas en la vida social.

Desde AEMEC valoramos muy positivamente este paso adelante y esperamos que constituya un referente para otras compañías cotizadas. Incentivar la participación de los pequeños accionistas en el acto más importante de toda sociedad cotizada como es la junta general, es el camino adecuado para mejorar la comunicación de la compañía con sus accionistas, así como para conseguir una verdadera involucración en el a misma.

Asimismo, desde AEMEC se valora también muy positivamente la puesta a disposición de los accionistas de los distintos canales de participación en la junta (presencial y virtual), así como la ampliación de mecanismos de comunicación y voto al servicio de los accionistas.

Todo ello convierte a la junta de Iberdrola no sólo en un espacio adecuado para que el minoritario ejercite plenamente sus derechos, sino también en una recomendable experiencia corporativa.

AVISO Relevante

ESMA, Better Finance y Cremades Calvo-Sotelo no garantizan, ni aseguran, ni dan confort de ningún tipo a ninguna operación financiera o económica de ninguna clase. Hemos detectado algunos casos aislados en que se ha utilizado el buen nombre de estas entidades, suplantando la personalidad e identidad de alguno de sus directivos y falsificando su firma con el objeto de provocar engaño y realizar actividades fraudulentas que pudieran ser constitutivas de delito de estafa. Estos hechos han sido debidamente denunciados a la policía en España. Todo ello lo ponemos en su conocimiento para evitar cualquier tipo de fraude.

Comunicado de AEMEC: Impuesto a las Eléctricas y Beneficios Extraordinarios

A la vista de las recientes declaraciones de la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, sobre la imposición a las eléctricas de un impuesto que grave sus beneficios extraordinarios, seguida de las declaraciones de la Ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, sobre la reducción de los beneficios de las eléctricas, la Asociación Española de Accionistas de Empresas Cotizadas (AEMEC), quiere hacer público:

Primero: No es admisible que desde el Gobierno de la nación se agreda a la seguridad jurídica, se desestabilice la confianza que los pequeños ahorradores necesitamos en los mercados españoles, y sobre todo se realicen actuaciones de desinformación cuando no de manipulación de los resultados de las eléctricas.

Segundo: Desde la Asociación Española de Accionistas de Empresas Cotizadas (AEMEC), mostramos por tanto nuestro profundo malestar por las nuevas declaraciones de miembros del Gobierno que, muy alejadas de la realidad, exponen mensajes que no son ciertos y que pueden inducir a confusión a inversores y accionistas. No son precisamente las compañías eléctricas, dentro del sector energético, las que han tenido un incremento de sus resultados debido a la situación de la subida del precio del gas y del petróleo.

Tercero: Las declaraciones de la Vicepresidenta Segunda del Gobierno desvirtúan la realidad, generando inseguridad jurídica, y ello afecta negativamente al valor de la cotización de la acción y daña el patrimonio de los pequeños accionistas. Los accionistas minoritarios de las compañías cotizadas somos los más claros representantes del denominado capitalismo popular. Somos ciudadanos que invertimos nuestros exiguos ahorros en los mercados financieros contribuyendo por tanto a su mejor funcionamiento, en aras a la sostenibilidad y a la creación de valor compartido para todos los grupos de interés relacionados con las empresas. Y declaraciones como las realizadas por el Gobierno dañan directamente nuestro patrimonio. El impuesto extraordinario a las eléctricas no es otra cosa que un impuesto al propio accionista.

Cuarto: Declaraciones como las realizadas, además de tendenciosas, evidencian un claro desconocimiento de la realidad de nuestras compañías eléctricas que tienen la mayoría de su energía vendida a precio fijo con sus clientes, y por tanto no pueden repercutir en ellos el elevado coste que tiene para ellos la compra de gas para las centrales de ciclo combinado. En esta línea, el beneficio de las compañías puramente eléctricas en España se viene manteniendo constante en términos de Ebitda en los últimos años, pese a las cuantiosas inversiones realizadas.

Quinto: Debe pues destacarse y conocerse por todos que los supuestos beneficios extraordinarios de lo que el Gobierno habla no existen, al no haber una relación directa e inmediata entre el precio del mercado mayorista y el precio fijo al que se está vendiendo la electricidad a los clientes del sector eléctrico. En el Mercado Eléctrico Español, mercado mayorista, se forma un precio diario, y este precio no es coincidente con el que la mayoría de clientes tienen contratada su energía, puesto que la tienen contratada a plazo y a precio fijo, y en consecuencia, no existe ese “supuesto beneficio”. Por ello, debe desaparecer esa falsa apariencia de repercusión automática, respecto de los beneficios de las compañías eléctricas. La subida del precio en el mercado mayorista de electricidad, al que se encuentran vinculadas por mor de la regulación eléctrica, las tarifas reguladas de aquellos clientes que están en el llamado PVPC, está ocasionada por las subidas en el precio del gas. En consecuencia, la única vía de minorar esas subidas es limitando el precio de dicho combustible, lo que tendría un efecto inmediato sin producir distorsión en el mercado eléctrico.

Sexto: Entendemos, por tanto, que el enfoque dado por la Comisión Europea en su reciente Comunicación (REPowerEU), es la vía para el objetivo que todos deseamos, que no es otro que acelerar la transición energética para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, y para ello lo mejor es acelerar la transición energética a través de otras actuaciones, de la simplificación y aceleración de los trámites administrativos en los proyectos renovables y generando seguridad jurídica para nuevas inversiones.

Séptimo: Es por ello por lo que desde AEMEC instamos al Gobierno a seguir en la línea indicada de coordinación con la UE y colaboración con las empresas, alejándose de cualquier mensaje demagógico y falaz que, lejos de resolver el problema, generará confusión, tensión social, y sobre todo, causará gran daño a la seguridad jurídica, a la confianza de los inversores y al patrimonio de los accionistas.

Comunicado sobre las medidas adoptadas por el gobierno en relación a las empresas eléctricas

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), a la vista del Real Decreto-Ley aprobado el día 14 de septiembre por el Consejo de Ministros, así como en base a las declaraciones efectuadas por el propio Presidente del Gobierno en medios de comunicación, quiere manifestar:

  1. Que las medidas adoptadas por el gobierno suponen ante todo un daño directo al patrimonio de los cientos de miles de accionistas que componen la estructura de propiedad de las compañías eléctricas. Las empresas no son entes abstractos sin propietarios. Son en consecuencia los pequeños accionistas, como titulares dispersos del capital, los destinatarios de las medidas adoptadas por el gobierno. Se trata por tanto ante todo de una medida contra los accionistas.
  2. Que la decisión acordada, especialmente en los términos comunicados, constituye una incautación o detracción económica de la cuenta de explotación de nuestras empresas, con lo que nos encontramos en términos amplios ante una expropiación, que de llegar a producirse tendría que tener, como cualquier otra que se produce en nuestro país, la oportuna compensación. En caso contrario estaríamos más bien ante un supuesto de daño patrimonial a los accionistas, con las consecuencias jurídicas que de ahí podrían derivarse. 
    Fiel reflejo del daño patrimonial de las medidas pretendidas por el Gobierno es la caída de cotización en torno al 5% que están sufriendo estos días los accionistas de aquellas eléctricas cotizadas que operan, por ejemplo, a través de tecnologías renovables.
  3. Que AEMEC hará todo lo que esté en su mano, y permita la legislación vigente, española y europea, para evitar que se consumen estas medidas, por considerarlas arbitrarias, discriminatorias, injustas, precipitadas e insostenibles a medio y largo plazo. Si el problema del precio de la electricidad está en el elevado coste del gas, penalizar a todo el sistema de energías que no utilizan gas, es precisamente atentar contra el deseo de todos de una transición progresiva hacia las energías limpias. Curiosamente, mientras, como indicábamos antes, la cotización de las eléctricas cae, empresas vinculadas a energías fósiles cotizan al alza.
  4. Que se insta al gobierno para de forma seria y sosegada, analice los mecanismos adecuados para poder abaratar el precio de la electricidad, sin atentar al sistema marginalista que es el que rige en toda la Unión Europea, y evidentemente sin atropellar los legítimos derechos de los accionistas. A nadie se le escapa que en ningún país de Europa se ha adoptado una medida como la aquí propuesta, aun siendo el precio mayorista de la energía más alto en muchos de ellos que en España. Son pues otros los caminos a seguir.
  5. Finalmente, como asociación general de accionistas de empresas cotizadas, queremos expresar nuestra preocupación por el mensaje que subyace a la medida. Intervenir los mercados aludiendo a los beneficios de las empresas, parece más propio de países afortunadamente alejados de nuestro entorno jurídico y económico. El efecto que ello produce en la seguridad jurídica, la confianza legítima, la reputación internacional y en definitiva a la propia marca España, constituye un daño que puede atentar seriamente al futuro de nuestros mercados, empresas y a sus accionistas.

Puede obtener más información sobre esta organización a través de su página web: https://www.aemec.eu

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