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Los pequeños inversores piden a Abertis medidas para frenar el boicot a los peajes

aemec

Un agente de los Mossos d'Esquadra vigila un peaje en la localidad barcelonesa de Martorell. EFE

Aemec reclama al grupo que denuncie el impacto económico de los sabotajes sin tener en cuenta "cálculos políticos"

ACS y Atlantia aceptan compartir Abertis sin trocearla

La asociación de accionistas minoritarios (Aemec) pide a Abertis una respuesta contundente frente al boicot sufrido en varias de sus autopistas de peaje por parte de grupos independentistas. "Los directivos de la compañía tienen que tomar acciones de carácter indemnizatorio al margen de cualquier cálculo político sobre si estas reclamaciones les van a enemistar con las instituciones", explican a este diario fuentes autorizadas de la mayor agrupación de pequeños inversores en Bolsa.

Abertis fue víctima durante las vacaciones de Semana Santa de varios actos de sabotaje por parte de los Comités de Defensa de la República (CDR) como respuesta al arresto de Carles Puigdemont en Alemania. La compañía sufrió cortes en algunas de sus carreteras en plena Operación Retorno por las vacaciones de Semana Santa y varias de las barreras de peaje fueron desmontadas para permitir la circulación gratuita de vehículos.

Estos actos supusieron para el grupo un impacto directo en sus cuentas por dos vías: los daños a la propia infraestructura y el lucro cesante por los ingresos perdidos al circular un gran número de vehículos de forma gratuita. Lo que preocupa realmente a los inversores es que no se trata de hechos aislados, sino de acciones reiteradas que se repiten de forma periódica en las carreteras.

Abertis ha abierto por el momento una investigación interna para intentar cuantificar el impacto económico del boicot. El mayor esfuerzo se está centrando en lograr calcular el número de vehículos que se saltaron los peajes, ya que los daños materiales son menores. Para la estimación de la circulación se están usando parámetros de tráfico de años anteriores ya que varios de los independentistas -encapuchados y con máscaras- taparon las cámaras que la compañía tiene en los peajes e hicieron imposible conocer cuántos coches pasaron, y entre ellos cuáles pagaron y cuáles no.

El segundo paso sería la interposición de una denuncia ante los Mossos, una acción que el grupo también estudia llevar a cabo, y en tercer lugar, la solicitud de una indemnización a la Administración por el impacto sobre la concesión. Fuentes jurídicas explican que en este tercer escenario sería clave conocer cuál fue la actitud de las fuerzas policiales para evitar el boicot a los peajes. Un portavoz de Abertis descartó hacer comentarios sobre la estrategia de la compañía.

"No quiero pagar"

Los pequeños inversores reclaman a la cúpula de Abertis que tome medidas "urgentes" para evitar la escalada del conflicto en sus carreteras. Los actos de sabotaje se enmarcan dentro de la campaña "novullpagar" (No quiero pagar) con la que los grupos nacionalistas más radicales instan a que los usuarios de estas carreteras se salten los peajes.

La compañía ha optado hasta el momento por una estrategia pasiva a la espera de que la situación política mejore y las protestas se disuelvan. Los inversores piden ahora una reacción rápida a su presidente, Salvador Alemany, a quien se vincula con el movimiento independentista tras presidir el Consejo Asesor para la Reactivación Económica y el Crecimiento creado en 2011 por el ex president Artur Mas para impulsar al "país" catalán.

Abertis se encuentra inmersa en un proceso de OPA pactada entre la constructora ACS y Atlantia para hacerse con su control. Estos dos nuevos grupos sustituirán a La Caixa como accionista de control en la concesionaria de peajes y centrarán su foco de crecimiento en la construcción y explotación a largo plazo de nueva infraestructura en Estados Unidos, Australia y Europa. "Al margen de la OPA, hay un interés de los accionistas actuales, por lo que las reclamaciones deben ir encaminadas a que no se dañe el valor y la operativa de la empresa", concluyen en Aemec.

Los minoritarios de Gamesa pedirán a la CNMV que exija a Siemens lanzar una OPA

Cuando Gamesa y Siemens Wind Power, filial eólica del gigante alemán, plantearon la fusión de sus negocios, ambas empresas le vieron todo el sentido a la operación. También Iberdrola, uno de los accionistas relevantes del fabricante de aerogeneradores. El líder eólico que nacería de esa operación generaría unos ingresos de unos 11.000 millones de euros al año, presencia en 90 países y partiría con una cartera de pedidos valorada en 20.000 millones. Además, se ponía por delante de su rival en el mercado de los generadores eólicos, la danesa Vestas. 

Energias renovables Siemens Alemania Energia eolica Gamesa Empresas 220488510 35460362 1706x1280Siemens Gamesa, gigante eólico y quebradero de cabeza para los accionistas.

En junio de 2016 se firmó la fusión y, de forma efectiva, Gamesa es ‘alemana’ desde abril del año pasado. Está a punto de cerrar su primer año como fusionada y los dolores de cabeza que está generando su gestión han hecho que los accionistas que están detrás del 41% que no controla Siemens se pregunten si la fusión realizada permitiendo a la alemana saltarse una Oferta Pública de Adquisición (OPA) fue realmente una buena idea. Entre los minoritarios está Iberdrola, con una posición relevante (8,1%) y un fragmentado grupo de inversores que se reparten el 33% restante.

Los dos recortes en las previsiones de beneficio para el ejercicio (profit warning), el anuncio de una fuerte reestructuración de su plantilla a nivel global, los sucesivos cambios de sus directivos y el retraso de su plan estratégico -que presentarán en diez días-, han sido una combinación perfecta para que los títulos del fabricante de aerogeneradores se estrellaran en el parqué madrileño. Desde abril de 2017, la acción se ha desplomado un 45%, de los alrededor de 22 euros a los 12,02 euros con que cerró la sesión del viernes, dejando el valor de mercado de la compañía en poco más de 8.100 millones.

El descontento de Iberdrola

“No podemos estar contentos con una compañía que ha perdido la mitad de su valor en seis meses”, dijo sin tapujos el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, a finales de noviembre en un encuentro organizado por El Confidencial. “Cuando ves cosas como las que estamos viendo, que hacen un profit warning y casi te enteras por el periódico de que lo van a hacer, que cambian personas de alto nivel... pues piensas que estamos enloqueciendo y algo está fallando", agregó.

 

Donde Galán veía potencial y decía sentirse “satisfecho” por haber contribuido a la creación de un líder mundial en la fabricación de aerogeneradores, ahora hay preocupación y descontento. Lo primero, por la progresiva salida de los anteriores directivos de Gamesa y la gestión que están haciendo los alemanes de la compañía; lo segundo, por el evidente descalabro del valor en Bolsa. Su paquete accionarial ha perdido más de 660 millones en Bolsa desde mayo.

En octubre, tras el segundo profit warning anunciado varias semanas antes de presentar los resultados de su primer semestre como fusionada -y cierre de ejercicio 2017-, Iberdrola manifestó en una reunión del consejo su preocupación por el rumbo de la compañía. Su queja dio lugar a los últimos cambios en la cúpula del fabricante.

Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola.
 

La posición de accionista relevante de Iberdrola -y primer cliente de Gamesa- se ve reforzada con el pacto parasocial que firmó con Siemens y que sirvió de pilar fundamental para la fusión, un arma para que la eléctrica velara por la 'españolidad' de la compañía. Pese a las buenas intenciones, las relaciones entre la española y el gigante alemán no han sido todo lo suaves que se esperaba.

Fuentes del mercado apuntan que la eléctrica está revisando los parámetros del pacto parasocial para determinar si se está cumpliendo el plan industrial y, por tanto, el acuerdo sigue vigente. En este pacto, la eléctrica española se guardó un as. En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones a las que se somete la alemana en su relación con Iberdrola como accionista de Gamesa, la empresa que preside Galán podrá vender su participación en la fusionada a Siemens al precio que sea mayor: 22 euros por acción o el precio de cotización del día del incumplimiento más una prima del 30%. 

La fusión sin OPA, en cuestión

¿Y qué pasa con los minoritarios que no están representados en el cupo de Iberdrola? Entre el 33% del accionariado que no copan ni Siemens ni la eléctrica hay fondos como Alliance Bernstein, Barclays Bank, Norges Bank o JPMorgan y otros inversores privados. La situación de la compañía es motivo de preocupación para ellos también. Es más, se preguntan si el regulador está cumpliendo con su rol y garantizando su protección. Así lo explican desde el despacho Cremades & Calvo-Sotelo, al que han dirigido sus consultas algunos de estos inversores. 

El gigante alemán se aprovechó de la letra pequeña de la ley para evitar lanzar una OPA sobre el 100% de las acciones de Gamesa. Según la norma vigente, hay una excepción que permite no realizar la oferta pública cuando una empresa quiera hacerse con el control de otra: que se plantee un proyecto de integración empresarial en que prime la mejora del plan de negocio sobre el control accionarial. Siemens presentó ante la CNMV un plan de negocio con este espíritu y el supervisor dio el visto bueno a la exención.

A consecuencia de esto, Siemens debía facilitar la entrada de otros socios de referencia al capital para contrapesar su posición de dominio en la empresa resultante. Así, la alemana se quedó con el 59% de la fusionada e Iberdrola, que hasta el momento tenía en su poder un 19,68% del capital de Gamesa, se mantuvo en la fusionada aunque redujo su posición a un 8,1%. 

El equipo de abogados que está analizando la situación señala a EL ESPAÑOL que presume que no se está cumpliendo el plan industrial por el cual la CNMV eximió a Siemens de lanzar OPA para hacerse con los títulos de Gamesa. A través de la Asociación de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) se pedirá al supervisor que suspenda la exención concedida a la alemana y le obligue a lanzar una OPA sobre todos los accionistas.

El objetivo de la acción se centrará en que la Comisión, en su deber de velar por los derechos de la masa de accionistas minoritarios en las grandes cotizadas, dirima si se ha utilizado el mecanismo de fusión apoyado en un plan industrial de forma fraudulenta para evitar un proceso de oferta pública -y ahorrar algunos millones-. 

El acuerdo de fusión fijaba una prima de 3,75 euros brutos por acción de Gamesa que se abonarían vía dividendo extraordinario. Cuando la fusión se concretó, Siemens desembolsó 3,59 euros por acción a los accionistas del fabricante vasco, 1.004 millones de euros, de los cuales alrededor de 200 millones fueron a las arcas de Iberdrola en base a su cupo de casi un 20% previo a la operación.

Una de las aristas que, por el momento, quedan fuera del tablero para los minoritarios es la del rol que el propio presidente de la CNMV, Sebastián Albella, desempeñó en la fusión de Siemens y Gamesa. Antes de asumir la presidencia del supervisor, Albella era socio director de Linklaters en España. Como tal, participó como asesor en operaciones como esta fusión o la ampliación de capital de Banco Popular. La petición de exención de OPA llegó a la CNMV casi al mismo tiempo que Albella al cargo y se apoyaba en un informe de Linklaters en el que se avalaba la finalidad industrial del acuerdo de fusión.

Cuando el regulador tuvo que analizar la petición de la alemana, Albella optó por ausentarse de la reunión y abstenerse, como marca la ley de altos cargos de la administración para evitar conflictos de interés. Pese a las suspicacias que genera la situación, fuentes del sector privado defienden que se haya producido un conflicto de interés "sobrevenido", más que doloso.

El mal arranque de la fusionada

Los ingresos de Siemens Gamesa llevan varios trimestres en caída. También sus beneficios. Esta última semana, la compañía ha comunicado pérdidas de 35 millones de euros en su primer trimestre fiscal (octubre-diciembre). La reforma fiscal en Estados Unidos y los costes de integración han sido el lastre del último trimestre reportado, según indicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pero en sus cuentas a septiembre el resultado no fue mejor.

Imagen de la junta de accionistas de Siemens Gamesa.
 

En su primer semestre como fusionada perdió 135 millones y anunció una reestructuración que contempla 4.000 despidos a nivel global hasta 2020. En España, donde se recortarán más de 400 puestos en ese período, ya se han acogido al plan de baja voluntarias propuesto 244 trabajadores. A este recorte se suma el cierre de la planta de Miranda de Ebro anunciado en los últimos días, que supondrá 133 despidos más

En esta deriva, la deteriorada relación con Iberdrola ha tenido otro efecto. La eléctrica acaba de adjudicar los contratos de mantenimiento de sus parques eólicos en España y Portugal y la gran beneficiada ha sido Vestas. La danesa se encargará de velar por el buen funcionamiento de casi 2.200 megavatios eólicos de Iberdrola; Gamesa, casi la mitad, 1.265 MW. La vasca ha perdido con esta última adjudicación casi la mitad de los 3.300 MW que gestionaba hasta ahora lo que le costará alrededor de 50 millones.

Aun así, desde Siemens Gamesa defienden que la integración marcha por buen camino y aseguran que la racionalidad estratégica de la fusión está aún más reforzada. El fabricante se ampara en una mejora de las condiciones de mercado para este año y el aumento de nuevos pedidos. Para este ejercicio prevé unas ventas de entre 9.000 y 9.600 millones de euros que tienen en cuenta la caída de precios del negocio onshore, la estacionalidad y el impacto de las sinergias. Se estima que los costes de integración y reestructuración le costarán este año unos 160 millones. 

Actuaciones que ha emprendido la AEMEC, bajo la dirección letrada de Cremades & Calvo-Sotelo

1.- Vía penal:

En las últimas semanas se han admitido a trámite todas las querellas (un total de 26) presentadas por los afectados en relación con la resolución de Banco Popular, y su venta a Banco Santander. 

En los comienzos de lo que va a ser una batalla jurídica nada sencilla ni rápida, comenzamos a tener noticias positivas. El Juez Andreu, a quién le corresponde la instrucción, ha decidido abrir dos piezas separadas de investigación: LA PRIMERA, limitada al momento de la ampliación de capital del 2016, en cuanto a una supuesta falsedad contable. LA SEGUNDA, relativa a la administración desleal y presunta manipulación del valor de la acción de Banco Popular en el mercado. La primera de las piezas separadas de investigación (ampliación de capital de 2016) es la línea argumental seguida en la mayoría de las querellas admitidas a trámite. En cambio, la segunda pieza separada de investigación (administración desleal) solamente la ha defendido AEMEC en su querella instada en representación, inicialmente, de más de un millar de querellantes, número que se verá aumentado en los próximos días.

El equipo jurídico de AEMEC entiende que la pieza que investiga la presunta administración desleal y manipulación del valor de la acción de Banco Popular es la que tiene más visos de éxito en lo que a la reparación del daño a todos los perjudicados se refiere, ya que respecto de la pieza de investigación principal, centrada exclusivamente a la última ampliación de capital de Banco Popular, de mayo de 2016, hay que considerar que: 

- Resulta difícil demostrar el dolo por parte de los miembros del Consejo de Administración que acordó tal ampliación, toda vez que los propios consejeros adquirieron acciones en dicha ampliación, perdiendo algo más de 500 millones de euros; 

- Según hemos tenido constancia, la ampliación se realizó tomando como base la información financiera de la entidad auditada por dos importantes Auditoras (PWC y KPMG), constando los procedimientos y procedencia de la ampliación, así como otros análisis sobre su conveniencia, interés para los accionistas y cumplimiento de la norma;

- Todas las autoridades han confirmado que Banco Popular era solvente, y que su intervención se produjo por la falta de liquidez provocada por la retirada masiva de depósitos, tal y como ha reconocido el propio Banco Popular; 

- Sería hacer un paralelismo de facto con el asunto de Bankia, que bien conocemos por liderar AEMEC la acusación particular, y que por los datos y documentos que nos constan se trata de situaciones y circunstancias totalmente distintas;

- Las personas perjudicadas por la ampliación de capital de mayo de 2016 ya están siendo compensadas con la oferta de Banco Santander, por lo que entendemos que no recibirán una indemnización adicional por este daño. 

A diferencia de las vías administrativas europea y nacional que mencionaremos más adelante, y cuyo plazo para adherirse a las mismas como recurrentes ya está cerrado, respecto de la vía penal aún pueden presentarse nuevas personaciones. En este sentido, en los próximos días procederemos a personar a todos nuestros clientes en las dos piezas separadas comentadas, salvo que Usted nos diga lo contrario antes del próximo 20 de noviembre, o ya nos haya indicado no ejercitar acciones en esta vía penal. Si usted finalmente decide aceptar la oferta del Banco Santander, no podremos personarle en la vía penal, toda vez que la aceptación de la misma implica el desistimiento de cualquier acción penal contra Banco Popular y/o Banco Santander.

2.- Vías administrativas: europea (contra la decisión de la JUR) y nacional (contra el FROB):

La vía europea iniciada ante el Tribunal General de la Unión Europea, contra la decisión de la JUR, es una vía complementaria, y no alternativa, a la vía penal antes comentada. Y muy probablemente más directa para la consecución de una indemnización por los daños sufridos con la resolución de la entidad bancaria.

En estas vías contencioso-administrativas representamos a algo más de 6.000 perjudicados, habiendo vencido el plazo en ambas para la incorporación de más recurrentes. En este sentido, AEMEC se sitúa como la agrupación de mayor representación judicial, con más de 6.000 afectados, representados por la Firma Cremades & Calvo-Sotelo. Ello hace que AEMEC -y por ende, Cremades & Calvo-Sotelo- tenga una posición de liderazgo y fuerza, muy por encima, en lo que a representación se refiere, al siguiente grupo numeroso de 700 afectados.

AEMEC impugnará el viernes en Bruselas la resolución sobre el Banco Popular

  • La situación patrimonial de la entidad no reunía los requisitos legales para su resolución.
  • El Reglamento 806/ 2014 con el que se justificó la intervención podría vulnerar los derechos fundamentales reconocidos por el Derecho originario de la UE.

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) interpondrá el próximo viernes, a través del despacho de abogados Cremades & Calvo- Sotelo, un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) para impugnar la resolución del Banco Popular por la Junta Única de Resolución (JUR). Desde la asociación se confía firmemente en que este procedimiento se resuelva de manera favorable para los afectados y permita obtener una compensación justa tanto para los accionistas como para los obligacionistas.

Las bases jurídicas y argumentales que se defienden en el recurso, se resumen en las siguientes:

  1. El régimen de resoluciónde entidades previsto en el Reglamento 806/2014 ha situado a los afectados en una situación de indefensión flagrante, al ser gravemente contrario a los derechos fundamentales reconocidos por el Derecho originario de la UE. No reconoce el pago de compensación a los accionistas y acreedores, ni les confiere trámite de audiencia. Es contrario al Tratado de Funcionamiento, que no permite conferir a las instancias comunitarias, como dicho Reglamento hace, competencias generales y estables de supervisión de entidades bancarias y, mucho menos, de resolución, competencias que pertenecen a los Estados miembros y a sus organismos. Además, dicho Reglamento es contrario al 4º Protocolo del citado Tratado, sobre organización del Banco Central Europeo (BCE), ya que crea en su seno órganos de supervisión (MUS) y resolución (MUR), que no están previstos en dicho Protocolo. 
  1. La situación patrimonial del Banco Popular en absoluto justificaba la medida extrema por la JUR, ni en términos de solvencia ni de liquidez. La resolución fue fruto de una falta evidente en el ejercicio de la vigilancia prudencial ordinaria de la Entidad por los reguladores. Estos disponían desde mucho antes de la supuesta situación de crisis de un Plan de Recuperación y Gestión del Banco, así como de un Plan de Liquidez plenamente respaldado por activos descontables. 
  1. Con independencia del criterio de valoración utilizado, el recurso se dirigirá a demostrar que en una valoración en escenario de concurso (valoración patrimonial), el accionista hubiera recibido un mejor tratamiento que en la valoración realizada para un escenario de resoluciónpor falta de liquidez, por lo que ésta ha de considerarse desproporcionada e injusta. 
  1. Este recurso no tiene como fin conseguir la nulidad del acto para recuperar la propiedad del Banco. Los accionistas representados por Aemec consideran que esa retroacción es ya inviable y sólo esperan una adecuada compensación economica por las acciones, que Aemec ha cifrado en 1,85 Euros por acción. Esta cantidad se deriva de las últimas cuentas anuales auditadas disponibles, según las cuales elCore EquityTier 1 ascendía a 7.808 millones de euros. El número de acciones de Banco Popular en el momento previo a la resolución de la JUR era de 4.200 millones. Ambas magnitudes dan como valor unitario de la acción 1,85 euros, valor que razonablemente podría considerarse que los accionistas hubieran podido percibir tras un ordenado proceso de liquidación derivado de un hipotético concurso de acreedores.

AEMEC insta a la CNMV a vigilar las posiciones en corto

Carta presentada esta mañana en la CNMV solicitando que vigilen las posiciones en corto y el ataque especulativo que están sufriendo algunas compañías.

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