Los abogados del bufete Cremades & Calvo-Sotelo preparan en la actualidad, y por primera vez en la historía, una reclamación administrativa, a la que podría seguir una demanda ante los tribunales de justicia, para reclamar la responsabilidad patrimonial del Banco de España por su falta de control en la salida a bolsa de bankia.

La reclamación de responsabilidad de la Administración del Estado se realizará, seguramente, antes de Semana Santa, en nombre de más de 500 clientes del despacho, accionistas de la entidad crediticia.

Los abogados basan las exigencias de sus clientes en que el Banco de España, con Miguel Ángel Fernández Ordoñez de gobernador, debía haber controlado la situación económica, ya que la valoración con la que salió al mercado no representaba el valor real de la sociedad.

Falsedades y errores

Consideran que la salida a bolsa estuvo plagada de falsedades, que en la actualidad se están comprobando en el procedimiento penal que actualmente se lleva a cabo en el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, del que es titular el juez Ruz.

Por ello, la reclamación de los accionistas de Bankia se ampliará al ámbito Civil con una demanda en la que se exige la responsabilidad del folleto de la salida a bolsa, al considerar que está plagado de errores.

La Constitución Española dice que "los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos".

La legislación administrativa atribuye responsabilidad a las Administraciones por las lesiones que sufran los usuarios en bienes o derechos, siempre que el daño haya sido provocado por el funcionamiento de los servicios públicos y reconoce un derecho a ser indemnizados.

Con estas actuaciones, abogados y accionistas pretenden cambiar la actitud de Bankia, cuyo presidente, José Ignacio Goirigolzarri, muestra su preocupación por salvar a los impositores de la entidad, pero que en ningún momento se ha mostrado partidario de emprender actuaciones para evitar las perdidas sufridas por los accionistas en una operación, en la que consideran que desde todos los estamentos se presentaron y aceptaron datos falsos como verdaderos.

El equipo de abogados, compuesto por socios del bufete Cremades Calvo-Sotelo, está encabezado por el ex fiscal general del Estado, Juan Ortiz Úrculo; y cuenta con el catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela, Ángel Fernández-Albor, y el profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga, Alberto Ruiz Ojeda. Lo completan el procesalista, José Luis González Montes, y el mercantilista Ignacio Aragón.

Fuente: El Economista.