El anuncio de interposición de una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Banco de España por parte un numeroso grupo de ex–accionistas de Bankia, que vendieron con ocasión del colapso de la Entidad, resulta una consecuencia jurídica lógica de su ya judicializado proceso de salida a Bolsa y supone un nuevo frente, esta vez en el orden administrativo, en la atribución de responsabilidades por el caso Bankia. Coincide el anuncio de los accionistas con las recientes comparecencias parlamentarias, tanto del anterior y del actual Gobernador como de los principales responsables de las Entidades afectadas por las reestructuraciones, sobre todo de Rodrigo Rato. Una cosa y otra ponen en el centro del debate público el papel de nuestro regulador bancario en un momento en el que la fiabilidad de todo el sistema financiero español aparece seriamente cuestionada, no ya por los mercados, sino por el común de la ciudadanía.

Si construimos un castillo sin cloaca, todo el castillo se convertirá en cloaca; el resultado será el mismo si la cloaca se atasca. Ya disculparán un vocabulario como éste, pero las sutilezas jurídicas que voy a emplear a continuación requieren una explicación más llana que las haga inteligibles. Pese a su estatuto legal de regulador independiente, el Banco de España es un jugador, un agente, si bien peculiar, del sistema bancario. Hay información suficiente para pensar que el Banco de España no sólo cometió errores de supervisión, sino que trazó una estrategia general de saneamiento de las Entidades financieras equivocada lo cual, como es obvio, se suele comprobar después, y eso es exactamente lo que vemos ahora, embarcados como estamos en un rescate bancario como la copa de un pino. ¿Recuerdan? Fusiones frías, bancos malillos, test de estrés sobradamente superados, y tal. Es imposible que una operación de conjunto como ésta se haya llevado a cabo de manera concertada por las Entidades financieras, no ya sin el conocimiento o sin el consentimiento del Banco de España, sino sin la directa y detallada definición del curso de acción por su parte, además de con el oportuno respaldo legislativo; de hecho, se modificaron de una tacada más de una docena de leyes para dar cobertura a semejante faena de aliño. Y lo mismo se puede decir del FROB que, por si no lo saben, está bajo la supervisión del Banco de España.

La conversión de las Cajas en Bancos y las operaciones de concentración en esta camada del redil financiero han demostrado ser una de las torpezas más claras y más caras de la historia de nuestro regulador bancario. Zombis que se unen a otros zombis para formar zombis gigantes y que, para colmo del esperpento, salen a Bolsa. El caso de Bankia es absolutamente clamoroso. Podemos aceptar que la valoración que sirvió de soporte a su cotización de salida se alejara algo de su valor real y razonable, pues ya se sabe que la auditoría no es una ciencia exacta; pero que, en tan sólo ocho meses, se descubra que el Banco de España le hizo la ola mejicana a la colocación bursátil de una Entidad financiera en quiebra constituye, cuando menos, una hecho insólito, que ha causado un daño patrimonial (distinto del propio de un mercado bursátil a la baja) a más de 350.000 inversores. Los efectos de poner en el mercado bursátil las acciones de un Banco que, en realidad, eran chuches envenenadas, son demoledores para la confianza en las instituciones. Si algún sentido tiene, en términos regulatorios, la actuación del supervisor para la salida a Bolsa de una Entidad financiera es, justamente, nivelar las asimetrías informativas entre el vendedor y los potenciales compradores, ya que aquél conoce más y mejor que éstos lo que se va a vender. Con Bankia, el Banco de España ha cometido un auténtico estropicio; no estamos ante simples efectos colaterales, ante la inevitable cascadura de huevos para una tortilla. No en un Estado de Derecho.

Si ya resulta difícil explicar a la gente el rescate de Bancos con dinero público, el argumento de los huevos y de la tortilla convierte semejante tarea en un imposible. Tal vez se argumente que la aplicación de dinero público para esos fines resulta eficiente ya que, al evitar la caída de Entidades financieras, se contiene un torbellino de pánico que se llevaría por delante toda la economía del país. Hasta aquí vale, pero el dinero público que se emplee para los rescates saldrá de los impuestos que los españoles pagamos con arreglo a los principios constitucionales de capacidad contributiva y de igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas. Y, a partir de aquí, el razonamiento deja de tener validez, porque a los accionistas de Bankia se les ha endiñado un impuesto nuevo, bajo la forma de compra de unas acciones tóxicas con lacito y etiqueta del Banco de España. ¿Cómo se reacciona en Derecho frente a semejante tropelía? El mecanismo es tan viejo como este arte de lo bueno y de lo justo: la responsabilidad patrimonial. A mi juicio, concurren ahora todos los presupuestos legales de tal responsabilidad: efectividad de un daño evaluable económicamente, ruptura de la solidaridad impositiva, antijuridicidad y relación de causalidad con la misión supervisora del Banco de España. Esto es lo que ha pasado cuando los accionistas de Bankia decidieron vender para no incurrir en más pérdidas y algo análogo sucederá cuando se lleve a cabo la inminente operación de reestructuración de la Entidad.

Estoy convencido de los buenos fundamentos de la reclamación de responsabilidad contra el Banco de España y de la posibilidad de alcanzar una indemnización por parte de aquellos que acudieron a la salida a Bolsa, y resultaron perjudicados al vender sus acciones tras la nacionalización de Bankia. Junto con el correcto funcionamiento de este resorte jurídico fundamental, aparece una cuestión esencial y en la que debo insistir: la necesidad de que el Banco de España, como agente del sistema financiero, incorpore un elemento esencial para la toma de decisiones correctas: el coste de oportunidad. Si consentimos que nuestro regulador bancario tenga una cierta sensación de impunidad en relación con los daños provocados por sus actuaciones, conviene saber que alimentamos una criatura irresponsable y, si esto es así, el último en salir de este país que apague la luz y cierre la puerta. Antes de resignarnos a eso, planteo la posibilidad de que, al menos por una primera vez, se exija responsabilidad a nuestro regulador bancario. Esto sí que redundaría en beneficio de todos, no sólo de los sufridos accionistas de Bankia.

Alberto Ruiz Ojeda

Profesor Titular de Derecho Administrativo

Socio de Cremades & Calvo-Sotelo, Abogados